B) Utilizaron su autoridad, sobre un pueblo mayoritariamente católico, para prefigurar los partidos que iban a consolidarse como partidos con representación parlamentaria. Como Mons. Guerra Campos ha señalado, la Conferencia Episcopal decidió contribuir a la coexistencia pacífica de los españoles impidiendo que los católicos, es decir la mayoría del pueblo, pudieran agruparse como católicos en una formación política, y prefirieron que se insertaran en otras organizaciones cualesquiera. Es decir, que los católicos tenían que ejercer su influencia solamente desde el interior de partidos no católicos. Esto fue llevado a la práctica por un doble juego que consistía, de una parte, en defender la libertad de los católicos que trabajaban en partidos no católicos y, de otra, en desaprobar los partidos católicos. Es necesario observar que hay una disparidad entre los partidos laicos, que no necesitan del apoyo eclesiástico, y los partidos católicos que defienden un programa mas acorde con la doctrina social de la Iglesia y tienen, por tanto, necesidad de su apoyo o, al menos, de su silencio.
El método sistemáticamente seguido por la Conferencia Episcopal consistirá, de un lado, en defender la libertad de los políticos de ideología laica es decir de los marxistas, socialistas, liberales y separatistas, y defender su derecho de presentarse libremente a las elecciones. Quizá el caso más sangrante ha sido el del obispo de Bilbao, Mons. Añover, que publicó una carta pastoral donde defendía el derecho de libertad de los vascos "en el conjunto de los pueblos que constituyen el Estado Español" lo cual equivalía, en su contexto, a una manifiesta defensa del separatismo vasco. Cuando el gobierno de Arias Navarro decidió expulsar a este obispo por su ataque a la unidad de España, la Conferencia Episcopal escribió un documento amenazando de excomunión a las autoridades políticas. También debe señalarse que, a la par, numerosos católicos y sacerdotes se inscribieron en partidos de izquierdas, sin que la Conferencia Episcopal les molestara en lo más mínimo.
Por otro lado, para acallar y someter a los partidos y grupos de católicos que defendían las doctrinas tradicionales de la Iglesia, la Conferencia Episcopal, o su presidente Tarancón, no economizaron las descalificaciones y pusieron todos los obstáculos que tuvieron a su alcance para evitar la formación de tales grupos, o para frenar si un flujo sobre los católicos. Las expresiones despectivas de Tarancón contra, por ejemplo, Fuerza Nueva, y la difilcultades que la Conferencia presentó para la legalización de la Hermandad Sacerdotal, son algunos de los ejemplos más llamativos.
Por su parte el Vaticano no hacía nada para limitar la interpretación extrema del Concilio hecha por los obispos españoles. Al contrario, manifestó repetidamente una animadversión profunda contra España tradicional. Por ejemplo, en 1965 Pablo VI regaló a Turquía las banderas de Lepanto, condenando, al mismo tiempo, las guerras de religión; en 1974 atacó, una y otra vez, en sus discursos el régimen de Franco, al paso que sistemáticamente arrinconaba a todos los obispos que no se plegaban a las directrices, que provenían de él mismo y eran ejecutadas por el nuncio, Mons. Dadaglio, para implantar en España una democracia. En fin, justo antes de la aprobación de la constitución atea de 1978, una delegación del gobierno, con el presidente Suárez a la cabeza, fue recibida en Roma, donde el Cardenal Cassaroli le hizo saber que el Vaticano era favorable a una constitución aconfesional. Da pues la impresión de que, como un autor tradicionalista preveía ya en 1965, el abandono de la unidad religiosa de España ha sido, para la Roma progresista, el chivo expiatorio que había de entregarse al mundo moderno para que éste le perdonara su constantinismo de tiempos pasados.
Por su parte los grupos de católicos tradicionales, poco poderosos por cierto, ya que, en cierta medida, se habían quedado adormecidos tras la victoria del 36 y no habían sido favorecidos por la estructura vertical del poder en tiempos de Franco, se vieron en la preplejidad al tener que elegir entre la adhesión incondicional a Roma y la adhesión a la tradición. Esa perplejidad se solventó, en la mayoría de los casos, a favor de la obediencia ciega, pues con ella se cree transferir la responsabilidad propia al superior, y la conciencia espera quedarse tranquila. De ello se encuentra un buen ejemplo entre la actitud de los españoles con ocasión de los viajes de Mons. Lefebvre a España: antes de la suspensión de este obispo en 1978, se llegaba a impedir la circulación en el centro de Madrid; algunos meses más tarde, tras la condenación, se presentó un libro sobre Mons. Lefebvre en un cine con una asistencia más bien pobre.
Este mismo espíritu de obediencia ciega es el que, sin duda, está a la base de fracaso de los partidos tradicionales y del éxito completo de la estrategía de Tarancón en la Conferencia Episcopal, de Dadaglio en la Nunciatura e incluso del Papa en Roma. En el referendum para aprobar la constitución, los votos fueron favorables en un noventa y tantos por ciento y, en las primeras elecciones, ningún partido próximo al franquismo, sea tradicionalista o no, obtuvo representación parlamentaria, Ni siquiera la democracia cristiana.
Para terminar con esta triste historia cabe preguntar cual ha sido la situación de la Iglesia oficial en España en estos últimos años. Su oposición a la existencia de la confesionalidad, incluso en el seno de los partidos políticos, tuvo como resultado que la Iglesia careciera en absoluto de poder legal para influir sobre el gobierno. ¿Cual ha sido, pues, su actitud entre la materias comunes al Estado y la Iglesia? La respuesta es que esa actitud ha sido tortuosa en la práctica y oscura en la doctrina. Pues la Iglesia había defendido su separación del Estado, bajo pretexto de obtener su propia libertad. Pero en la práctica ha tratado de mantener ciertos privilegios, cosa que, por cierto, los gobiernos laicos anteriores a Zapatero se apresuraron a conceder. Quizá esta condescendencia se produjo a cambio de una beligerancia moderada y de una dosis de ambigüedad doctrinal suficiente como para desalentar cualquier empresa política seria procedente de la gran masa católica que todavía existe en España.
Hoy, ante el desastre de este gobierno socialista, a los prelados españoles les ha bastado con mover un vergonzante dedo a través de entidades interpuestas, para verse apoyados por masas de católicos, en manifestaciones multitudinarias. Pero son incapaces de explotar esa ventaja, por culpa de los principios de aconfesionalidad del Estado y de libertad religiosa, por su aceptación de las doctrinas de la dignidad de la persona y de los derechos humanos, todo lo cual no es más que un racimo de quites paralizantes, sin cuya ablación no cabe esperar que dirijan, o favorezcan, la recta acción política de los católicos.
Por eso termino recordando que, como en otro tiempo hicieron los carlistas y los cristeros, tenemos la obligación de luchar por los derechos de Dios y de la Iglesia, aunque la mayoría de los curas y de los obispos nos nieguen su bendición.
José Miguel Gambra
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