Las guerras más importantes que España ha sufrido en estos dos últimos siglos son buena prueba de ello, pues no cabe comprenderlas más que como las ideas revolucionarias. En cierta medida, la guerra contra la Convención podía inscribirse ya en el rosario de esas guerras religiosas. También la guerra de 1821, la primera guerra civil de España, tenía un origen popular contra la instauración de la constitución liberal hecha, nacida del levantamiento de Riego. Pero sobre todo las guerras Carlistas son testimonio de la separación entre la oligarquía cortesana y el catolicismo popular. Estas guerras tenían una vertiente dinástica, pero ésta no era más que una anécdota por relación a sus motivaciones ideológicas profundas; la lucha contra el liberalismo y la llamadas libertades modernas. Para convencerse de ello, he elegido dos textos, lejanos en el tiempo, de los miembros de la dinastía carlista; uno de Ellos es de la Princesa de Beira, que decía:
"Ténganse allá otras naciones con sus constituciones sus leyes y sus costumbres, y no pretendan neciamente plantar y hacer fructificar igualmente la misma planta en diferentes climas, pues en éste morirá lo que en otro prospere; la planta de nuestra nacionalidad tiene aquellas tres profundas raíces: religión, patria y rey; y si a éstas queremos sustituir con las contenidas en la fementida fórmula francmasónica: libertad, igualdad, fraternidad, entonces no mejoramos la planta, sino que la destruimos".
El otro pertenece al Rey Alfonso Carlos, con ocasión de la constitución republicana de 1931:
"Católico sin distingos, como lo fueron siempre todos los de mi familia, yo proclamo (...) todos los derechos de la Iglesia Católica, tales como corresponden a su soberanía espiritual perfectamente indiscutible en el seno de un pueblo como el nuestro, el más católico de todos los pueblos de la tierra, y, por lo mismo, rechazo con todas las fuerzas de mi alma el principio de la libertad de cultos consignada en la Constitución".
Las armas no fueron favorables a este movimiento popular durante todo el siglo XIX; mas no por ello desapareció. El Carlismo sobrevivió a la última de las guerras carlistas con una vitalidad muy grande, a veces como partido parlamentario, a veces sólo como organización más o menos tolerada por los gobiernos liberales, progresistas o moderados. Su constancia se vió recompensada en la guerra de 1936, en la cual los carlistas tuvieron una participación decisiva con sus 100.000 voluntarios. Esta participación le permitió, ya durante la preparación de la sublevación con otras fuerza políticas y militares, poner las condiciones que dieron un tono fundamentalmente religioso a esta conflagración. Ya durante la guerra, el gobierno de Franco recibió la influencia de diferentes fuerza políticas constitutivas del Frente Nacional y de las tendencias políticas de moda en toda Europa. En el terreno de la política, el Caudillo se inclinó decididamente a favor de los falangistas, del fascismo italiano y del nacional-socialismo germánico, lo cual tuvo por consecuencia la ilegalización de los tradicionalistas durante todo el régimen. Sin embargo, éstos mantuvieron su existencia como Comunión Tradicionalista Carlista, y ejercieron una influencia oficiosas en el gobierno que nombraba ministros tradicionalistas como, por ejemplo, el Conde de Rodezno. Gracias a esa influencia se produjo la inclusión de la confesionalidad del Estado entre los Principios del Movimiento. En efecto, el segundo de estos principios establece la sumisión del Estado a la Iglesia y la verdad de la religión Católica. Y lo establece no como un hecho sociológico, ni como un acuerdo nacido de un pacto constitucional, sino con una verdad sin más:
"La nación Española considera que es un título de gloria su sumisión a la ley de Dios, conforme a la doctrina de la Iglesia Católica y Romana, que es la única verdadera y que es la sede inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación".
De igual manera es evidente la inspiración tradicionalista sobre el artículo 6 del Fuero de los Españoles, que dice lo siguiente:
"La profesión y la práctica de la religión católica, que es la del Estado Español, gozará de la protección oficial. Nadie podrá ser molestado por sus creencias religiosas ni en el ejercicio privado del culto. No se permitirán ninguna ceremonia publica más que las de la selección católica".
Y es evidente esa influencia porque ninguna de las otras fuerza que se integraron en el Levantamiento del 36 había nunca defendido con esa nitidez unidad católica y la concesionalidad del Estado. Estas leyes, así como el Concordato firmado con la Santa Sede en 1953, manifiestan una relación con la Iglesia "que no es meramente contractual, del do ut des, puesto que las concesiones expresaban la confesionalidad interna de un Estado que consideraba un deber hacer más fáciles la vida y la formación religiosa de los ciudadanos" (Mons. Guerra Campos).
No se puede pedir más en el terreno de los principios; y en su aplicación al principio del Estado franquista, pues sólo cabe decir que fue extremadamente favorable a las tesis católicas: volvieron los jesuitas explusados durante la República, se restituyeron los bienes de la Iglesia, se abrogó la ley del divorcio y se estableció la enseñanza religiosa oficial. Cabe, pues, decir que la unidad religiosa de España fue completamente reconstruida. Los ideales de la doctrina social de la Iglesia, que se identifican a los ideales del tradicionalismo o del carlismo, tras tantas guerras y sacrificios, tuvieron finalmente una realización en España única durante el siglo XX, por lo menos en lo que se refiere a las relaciones entre Iglesia y Estado.
Sin embargo, esta realización no duró en su apogeo más que 20 años, o menos, pues la decadencia empezó muy pronto por la presión que ejercieron los adversarios interiores y exteriores. En el interior, las fuerzas que intervinieron en la sublevación no comulgaban todas con la visión religiosa de la política característica de los tradicionalistas. Por ejemplo, la inclinación fascista del régimen produjo una importante orientación de las fuerzas de la juventud hacia la exaltación del Imperio y del Caudillo. Por otro lado, la penetración del liberalismo católico de Maritain en la democracia cristiana procedente de la CEDA, y de organizaciones similares, preparaba ya el camino que debía recorrer más tarde la democracia aconfesional en España. (Continuará)
José Miguel Gambra
Fuente "Tradición Católica" Revista de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en España. Julio-agosto 2006 Nº 206
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