EL POSTCONCILIO Y LA DESCRISTIANIZACIÓN DE ESPAÑA IV

Como he dicho antes, la declaración de libertad religiosa conlleva un peligro común a todos, puesto que roe en el interior de la conciencia la firmeza de la fe. Pero en el dominio de su influencia social y política su efecto no es el mismo para todos, pues, como lo han señalado algunos tradicionalistas, su afecto es muy diferente:

1) en países como los de Europa, donde la libertad religiosa ya se daba por la fuerza de las circunstancias;

2) en países como los Estados Unidos, donde la expresión libertad religiosa significa la libertad para los católicos en relación a la persecución de las sectas protestantes y

3) países como España, donde esta libertad significa la libertad de difusión de las religiones falsas. En los países de este último tipo, la libertad implica no solamente la proliferación de las sectas de todo tipo y la consecuente apostasía de muchos creyentes, sino que también tiene el efecto de desacreditar un poder político que ha mantenido, para seguir a Roma, las leyes que Roma desautoriza ahora.

En España, se ha llamado transición a la transformación del régimen político surgido de la guerra, uno de los más perfectamente católicos del siglo XX, en un régimen fundado sobre la Constitución de 1978, que es un sistema de los más laicos existentes en la actualidad. Entre los historiadores de este período algunos se preguntan cuando empezó la transición: si fue a la muerte de Franco o en el momento del asesinato de Carrero Blanco. Yo creo que lo más justo es decir que la transición empezó, no en España, sino en Roma, y precisamente el día en que se aprobó la Declaración de Libertad Religiosa. Y el motor de esta transición no ha sido el Rey Juan Carlos, como suele afirmarse, sino la Iglesia Romana, cosa que los prelados españoles señalan hoy en muchas ocasiones, con la pretensión de atenuar la violencia laicista del gobierno de Zapatero. Pues, en España, sólo la Iglesia tenía un poder moral e incluso político, conferido por el Estado mismo, para producir semejante transformación de la sociedad y de la política. Los eclesiásticos españoles, en efecto, no se limitaron a formar al gobierno para introducir la ley de libertad religiosa, cosa que obtuvieron en 1967, sino que yendo mucho más allá de la letra del Concilio, dirigieron todo el movimiento que acabó con la aprobación de la Constitución. La situación es, sin duda, un tanto paradójica, pues los eclesiásticos utilizarán todos los resortes de propaganda y de enseñanza que una sociedad católica tradicional da a la Iglesia, para dirigir esa sociedad hacia un régimen constitucional neutro.

Los mecanismos por medio de los cuales se produjo esta intervención decisiva en la Iglesia han sido, a mi juicio, los siguientes:

1) El estupor paralizante que afectó al clero español después del Concilio, unido a la colegialidad introducida por éste, produjo una especie de unificación y de disciplina común en la actividad pública de la Iglesia, de la cual solamente algunos obispos escaparon. Esta unificación, que logró muy pronto acallar a los disidentes, se produjo gracias a la formación de la Conferencia Episcopal Española. Esta entidad será dominada por los obispos más audaces con el apoyo de Roma, que tendrá la obsesión se sustituir a los obispos tradicionales por obispos más abiertos. Utilizará los medios de comunicación de una manera que corresponde más a un partido político que a una institución eclesiástica: harán constantes declaraciones a la prensa, sobre todos los aspectos de la vida política y social, adoptando posiciones dudosamente en consonancia con el Concilio, pero utilizando sistemáticamente su autoridad. De esta manera la Conferencia Episcopal llegó a acaparar toda la autoridad de la Iglesia, relegando la verdadera autoridad de los obispos en sus diócesis respectivas.

2) Las líneas de acción de la Conferencia Episcopal o de los obispos que la dirigían han sido las siguientes:

A) Han utilizado las prerrogativas y la autoridad, que la Iglesia tiene en un país confesionalmente católico, para influir sobre las autoridades civiles con el fin de introducir el régimen democrático y obtener una completa separación entre Iglesia y Estado. Uno de los casos más flagantes fue el de Mons. Tarancón que utilizó la homilía de entronización de Juan Carlos para pedir "que las estructuras políticas ofrezcan a todos los ciudadanos la posibilidad de participar libre y activamente en la vida del gobierno". Es decir, empleó su situación privilegiada en un régimen católico para presentar como deseo de la Iglesia la evolución hacia una democracia de partidos políticos.

Hay un texto de Mons. Iniesta sobre los procedimientos de la Iglesia durante este tiempo, que merece ser citado:

"Yo creo que en eso (el referéndum de la Constitución) y en otras muchas cosas, los políticos tuvieron momentos de duda, de vacilación, y sin embargo tanto la política de Tarancón como la del episcopado, la de la Conferencia Episcopal Española fue la de apoyar y estimular que se continuara con el cambio, y concretamente al Rey se le apoyó muchísimo, de manera delicada y privada"

Es dedir que, como ellos mismos declaran, los obispos sostuvieron moralmente a esos políticos y a ese rey, que habían jurado los Principios del Movimiento, para atenuar los justificados remordimientos que sentían al jurar los principios, contrarios, contenidos en la Constitución de 1978. (Continuará)

José Miguel Gambra
Fuente "Tradición Católica" Revista de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en España. Julio-agosto 2006 Nº 206